La promoción de un nuevo modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica como mecanismo de control de focos de riesgo derivados de conductas ajenas a su actividad e interés y su incompatibilidad con el contenido del art. 31 bis 1º CP

Abstract

Alguna de las últimas reformas penales, especialmente la derivada de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual han optado por incluir dentro de aquellos delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas una serie de conductas, como el acoso sexual o las que atentan contra la integridad moral. Dicha decisión legislativa supone la transición desde un modelo de control de los eventuales excesos de la persona jurídica a otro, en el que es la propia persona jurídica la encargada de promover el control de comportamientos nocivos alejados de su actividad y objetivos económicos. Al margen de que dicha decisión pueda ser o no acertada, constituye un evidente error legislativo haberlo hecho sin tener en cuenta el necesario cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el art. 31 bis 1º.