Evolución histórica de la gestión del riesgo de desastres en Chile

Abstract

La Gestión del Riesgo de Desastres en Chile, ha sido impulsada por desastres naturales desde su independencia hasta nuestros días, aun cuando Chile, es considerado un país multiamenaza, los desastres estudiados en este trabajo como detonantes tanto para la dictación de normativa y creación de estructuras Estatales que aborden la Gestión del Riesgo de Desastres a lo largo de su historia, han sido los terremotos, que han estado presenten como catalizadores de un avance que podríamos catalogar como impulsos reactivos e inclusos pasivos, faltando una mirada más prospectiva que permita al país, avanzar en acciones concretas, analizadas y proyectadas bajo un prisma de prevención y no reacción. Si bien, la ubicación geográfica de Chile; en el cordón de fuego del Pacifico, lo hace ser uno de los países con mayores niveles de peligro del planeta, desde el punto de vista sísmico, no se visualiza un sistema fortalecido, robusto para gestionar los desastres que se pudieran desencadenar a propósito de ello, si bien, existe legislación y estamentos Estatales, destinados para el resguardo de la ciudadanía en materia de GRD, las evaluaciones e investigaciones sobre el particular, han demostrado graves falencias, que lamentablemente han significado cuantiosas pérdidas económicas y sobre todo, vidas humanas. Sin lugar a dudas un punto de inflexión para la GRD en el país, fue el terremoto del 27 de febrero de 2010, luego del cual, quedaron al descubierto graves falencias institucionales y personales, pero que con el pasar del tiempo han ido quedando en el olvido y lo más lamentable, sin la implementación de acciones concretas, para asegurar efectivamente que el país está generando verdadera gestión en esta materia, por cierto, se debe destacar que producto de este sismo, se comenzó a trabajar en lo que hoy es la Ley N° 21.364, que aporta nuevas oportunidades de avances en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, aun cuando presenta nodos de complejidad desde el punto de su aplicabilidad, especialmente desde el nivel comunal, específicamente, desde el aspecto de la dotación de profesionales especializados y la disponibilidad de recursos financieros para su correcta implementación.