Las medidas de la administración general del Estado contra la violencia de género
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Máster Universitario en Abogacía
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En el año 2022, cuarenta y nueve mujeres engrosaron la lista de víctimas mortales a causa de la violencia de género en España. El presente estudio analiza las medidas que las Administraciones Públicas toman para combatir este problema, que cada año acaba con la vida de miles de mujeres en nuestro país. En primer lugar, se analizó brevemente y a modo de introducción el derecho de policía y de la prevención de peligros y en base a sus principios se estudió como se predice el nivel de riesgo cuando una mujer denuncia su situación. Luego se estudió la normativa estatal, el reparto de competencias en nuestro Estado en materia de violencia de género, así como los organismos públicos implicados en la lucha, prevención y erradicación de esta lacra, analizando los instrumentos canalizadores de la administración para el servicio asistencial y prestacional de las víctimas. Por último y como cierre se elaboró un estudio jurisprudencial y se investigó qué motivos debían concurrir para hablar de fallos y de responsabilidad patrimonial del estado. Como resultado, se intenta dar respuesta a si son suficientes estas medidas o por el contrario es necesario reformar ciertos aspectos de nuestra normativa para lograr medidas más eficaces que consigan erradicar la violencia de género.
En el año 2022, cuarenta y nueve mujeres engrosaron la lista de víctimas mortales a causa de la violencia de género en España. El presente estudio analiza las medidas que las Administraciones Públicas toman para combatir este problema, que cada año acaba con la vida de miles de mujeres en nuestro país. En primer lugar, se analizó brevemente y a modo de introducción el derecho de policía y de la prevención de peligros y en base a sus principios se estudió como se predice el nivel de riesgo cuando una mujer denuncia su situación. Luego se estudió la normativa estatal, el reparto de competencias en nuestro Estado en materia de violencia de género, así como los organismos públicos implicados en la lucha, prevención y erradicación de esta lacra, analizando los instrumentos canalizadores de la administración para el servicio asistencial y prestacional de las víctimas. Por último y como cierre se elaboró un estudio jurisprudencial y se investigó qué motivos debían concurrir para hablar de fallos y de responsabilidad patrimonial del estado. Como resultado, se intenta dar respuesta a si son suficientes estas medidas o por el contrario es necesario reformar ciertos aspectos de nuestra normativa para lograr medidas más eficaces que consigan erradicar la violencia de género.
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