Problemas en la aplicación práctica del mecanismo de la ley de segunda oportunidad
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Máster Universitario en Abogacía
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Resumen:
En este trabajo se ponen de relieve los problemas en la aplicación práctica del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, conocida como la ley de segunda oportunidad, que en la actualidad se encuentra inserta en el texto refundido de la ley concursal. Como se recoge en su Exposición de Motivos, la ley de segunda oportunidad pretende modular la responsabilidad universal y vitalicia, ex artículo 1911 del CC, de las deudas contraídas por la persona física, equiparándola a la persona jurídica. Equiparación que, por otra parte, se ha venido practicando, pero de forma inversa, por las entidades financieras condicionando el acceso al crédito de las personas jurídicas a que estas sean avaladas por sus socios o administradores, haciendo aún más necesaria la introducción de esta ley. Como es lógico, esta equiparación entre la persona jurídica y la física conlleva problemas de aplicación práctica, que son tratados en los apartados del trabajo titulados “Disfuncionalidad del AEP” y “Problemas de competencia entre el orden Civil y Mercantil”. Por último, abordaremos una cuestión distinta, que está suscitando un debate judicial y doctrinal muy relevante: si ha existido ultra vires en el tratamiento del crédito público.
En este trabajo se ponen de relieve los problemas en la aplicación práctica del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, conocida como la ley de segunda oportunidad, que en la actualidad se encuentra inserta en el texto refundido de la ley concursal. Como se recoge en su Exposición de Motivos, la ley de segunda oportunidad pretende modular la responsabilidad universal y vitalicia, ex artículo 1911 del CC, de las deudas contraídas por la persona física, equiparándola a la persona jurídica. Equiparación que, por otra parte, se ha venido practicando, pero de forma inversa, por las entidades financieras condicionando el acceso al crédito de las personas jurídicas a que estas sean avaladas por sus socios o administradores, haciendo aún más necesaria la introducción de esta ley. Como es lógico, esta equiparación entre la persona jurídica y la física conlleva problemas de aplicación práctica, que son tratados en los apartados del trabajo titulados “Disfuncionalidad del AEP” y “Problemas de competencia entre el orden Civil y Mercantil”. Por último, abordaremos una cuestión distinta, que está suscitando un debate judicial y doctrinal muy relevante: si ha existido ultra vires en el tratamiento del crédito público.
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