El régimen jurídico del contrato menor: especial referencia a las principales novedades del año 2020
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Máster Universitario en Abogacía
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Dentro del ámbito de la contratación pública, el contrato menor se ha erigido como la figura estrella. Habida cuenta de las numerosas modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia, esta modalidad contractual, presente en la gestión pública de la inmensa mayoría de órganos de contratación, no deja indiferente a ningún sector de la sociedad. El contrato menor tiene el objetivo de atender determinadas necesidades de reducido importe económico, de manera excepcional, simplificando sus trámites en aras de facilitar y agilizar su celebración y ejecución. La reciente modificación del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público ha flexibilizado algunos de los criterios exigidos para estos contratos, originando, una vez más, profundos debates sobre su regulación. La utilización inadecuada del contrato menor por parte de algunas entidades del sector público ha suscitado prácticas irregulares y casos de corrupción, por ello, el principal desafío al que se enfrenta el legislador es la búsqueda de un equilibrio entre un trámite rápido y reducido y el respeto a los principios que rigen la contratación pública, que evite cualquier tipo de fraude y que promueva la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Dentro del ámbito de la contratación pública, el contrato menor se ha erigido como la figura estrella. Habida cuenta de las numerosas modificaciones que ha sufrido a lo largo de su historia, esta modalidad contractual, presente en la gestión pública de la inmensa mayoría de órganos de contratación, no deja indiferente a ningún sector de la sociedad. El contrato menor tiene el objetivo de atender determinadas necesidades de reducido importe económico, de manera excepcional, simplificando sus trámites en aras de facilitar y agilizar su celebración y ejecución. La reciente modificación del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público ha flexibilizado algunos de los criterios exigidos para estos contratos, originando, una vez más, profundos debates sobre su regulación. La utilización inadecuada del contrato menor por parte de algunas entidades del sector público ha suscitado prácticas irregulares y casos de corrupción, por ello, el principal desafío al que se enfrenta el legislador es la búsqueda de un equilibrio entre un trámite rápido y reducido y el respeto a los principios que rigen la contratación pública, que evite cualquier tipo de fraude y que promueva la participación de las pequeñas y medianas empresas.
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