| dc.description.abstract | Los trastornos de la conducta alimentaria, además de complicaciones físicas y comorbilidades psiquiátricas que provocan una alteración de la percepción de la imagen corporal, afectan al ejercicio de la capacidad de la persona y de su autonomía como paciente, con una panoplia de implicaciones en lo médico-legal. Se pretende precisar y sentar criterios específicos que contribuyan a abordar este tipo de conductas en la práctica clínica. Asimismo, se estudian y concretan las garantías para los pacientes, los profesionales sanitarios y el entorno familiar en el ámbito de lo jurídico. Desarrollo teórico: Tras prestar atención al espectro de problemas psicopatológicos que presenta la población con trastornos alimentarios, se revisa el conflicto entre los eventuales derechos constitucionales que concurren en estos enfermos, y que van desde el derecho a la integridad física/psíquica al respeto de la autonomía del paciente. Se dedica especial predicamento al consentimiento informado y sus distintas excepciones "propias" e "impropias" - en la aplicación a este tipo de pacientes. Igualmente, se abordan las peculiaridades que tiñen el goce o ejercicio de los derechos de la persona por este colectivo especialmente vulnerable, y que incluye desde la incapacitación a la adopción de la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. También se actualizan las cuestiones penales relacionadas con nuestro estudio, muy en particular las relativas al suicidio y la eventual tipificación de la inducción o la apología de la anorexia/bulimia. Otros aspectos contemplados son si la enfermedad psicoalimentaria resulta un motivo discapacitante y , por tanto, incardinable en las situaciones de incapacidad protegidas por la Seguridad Social, así como si habrá o no lugar al reintegro de los gastos sanitarios ocasionados en caso de que el tratamiento se lleve a cabo en una clínica privada, con singular atención a la doctrina judicial en ambos casos. Señaladamente, la mala praxis clínica y las negligencias médicas son motivo de distintas responsabilidades, en particular en los casos de suicidio, que aparece un tanto asociado a este tipo de trastornos mentales. Se estudia la doctrina jurisprudencial y los criterios judiciales relacionados. De otro lado, se aboga por el Tratamiento Ambulatorio Involuntario ( TAI ) como una medida alternativa para las personas con discapacidad mental, a cuyo efecto formulamos los presupuestos legales para su efectiva instauración en España. Por último, de lege ferenda, se hace una propuesta general de regulación de un estatuto básico del enfermo mental, así como de protocolización de las situaciones específicas por los Centros de Salud Mental. Conclusiones: Además de la redefinición de los aspectos psicopatológicos de unos enfermos cada vez con mayor presencia a nivel socio-sanitaria, se establecen algunas de las consecuencias jurídicas que se pueden generar en el ámbito médico, que sin duda servirá para una mejor conciencia y comprensión de sus implicaciones y el mejor abordaje y aplicación de directrices en la práctica clínica, la cual ha de ser, en todo caso, de calidad asistencial y legalmente correcta si se quieren evitar eventuales reclamaciones de responsabilidad. La propuesta de un estatuto básico para la Salud Mental y la implantación del tratamiento ambulatorio involuntario son ideas que refuerzan nuestra tesis acerca de la necesidad de adecuación de las políticas sobre enfermedad mental a la realidad social. Documentación manejada: Junto a los títulos bibliográficos, médicos y jurídicos, que abordan la problemática general y particular asociada a los trastornos psicoalimentarios, he tenido la ocasión de espigar diversas clases de informes al respecto ( médicos, estadísticos, etc.) , así como disponer de un amplio repertorio de soluciones sobre el tema de estudio relacionadas con su práctica en sede judicial, todo lo cual me ha permitido formarme una visión particular sobre este tipo de patología y sus repercusiones en la praxis clínica y jurídico-legal. | spa |
